viernes, 8 mayo, 2026
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Designación en PAMI Laguna Blanca genera controversia por antecedentes del funcionario

La reciente designación de un jefe de delegación del PAMI en Laguna Blanca ha generado debate público debido a que el funcionario cuenta con una denuncia penal por presunto hurto en un comercio de Clorinda.

La designación de Agustín Torres como jefe de la delegación del PAMI en Laguna Blanca, formalizada mediante la Resolución N° EX-2026-40643938-INSSJP, ha generado preocupación en la comunidad. El nombramiento fue firmado por el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Esteban Ernesto Leguizamo, el pasado 22 de abril de 2026, y asigna a Torres una carga horaria de 40 horas semanales en el Centro de Atención Personalizada de esa localidad.

Sin embargo, la designación se da en un contexto en el que Torres enfrenta una denuncia penal radicada en la Segunda Circunscripción Judicial de Formosa, presentada por Ana María Belén Acosta, propietaria de un comercio ubicado en la calle Corrientes N° 1131 de Clorinda. Según la denuncia, Torres se desempeñaba como repositor y colaborador en el local desde agosto de 2023, y con el tiempo la dueña advirtió faltantes de dinero en efectivo en la caja registradora.

Ante estas irregularidades, se instalaron cámaras de seguridad que habrían captado a Torres tomando dinero de la caja para entregarlo a una tercera persona, en varias ocasiones durante junio de 2024. Uno de los episodios registrados data del 13 de junio de 2024 a las 17:43:09, y el 19 de junio de 2024 se constató un faltante de $25.000. La denunciante también aportó mensajes de audio de WhatsApp en los que Torres supuestamente reconocía su accionar.

La normativa interna del PAMI exige que los ingresantes presenten certificado de antecedentes penales y superen evaluaciones psicotécnicas, requisitos que contrastan con la situación judicial del designado. La resolución establece un plazo de sesenta días para que el acto administrativo surta efecto, tiempo en el que se espera que las autoridades revisen la designación y tomen medidas para garantizar la transparencia en la función pública.

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