El Delegado Regional de Formosa de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Alejandro Piñeiro, afirmó que la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación no afecta los derechos de los grupos protegidos.
El sistema de transporte de larga distancia en el país atraviesa un proceso de reordenamiento técnico. Para informar sobre la implementación de las nuevas normativas, el Delegado Regional de Formosa de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Alejandro Piñeiro, analizó el impacto de la Resolución 28/2026 emitida por la Secretaría de Transporte de la Nación.
Piñeiro afirmó que las modificaciones introducidas poseen un carácter estrictamente interno y operativo, por lo que no afectan a los ciudadanos que dependen del transporte gratuito por razones de salud o movilidad adaptada. «Resulta importante llevar tranquilidad a la comunidad y aclarar que esta normativa no elimina ni restringe los derechos adquiridos por las personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera, ni de pacientes oncopediátricos, quienes continúan plenamente amparados por la legislación nacional vigente», declaró.
El funcionario sostuvo que las obligaciones de las empresas de transporte siguen siendo las mismas, y que cualquier negativa a otorgar los pasajes correspondientes será pasible de sanciones. En relación a las críticas de sectores políticos locales, Piñeiro dijo que «se han escuchado declaraciones irresponsables y malintencionadas de algunos funcionarios provinciales que intentan instalar temor y confusión en la sociedad respecto al alcance de la Resolución 28/2026, difundiendo erróneamente que se habrían eliminado derechos vinculados al acceso al transporte gratuito de larga distancia para personas con discapacidad y otros grupos protegidos». Añadió: «Ante ello, consideramos necesario llevar claridad y tranquilidad a la ciudadanía: la normativa no elimina derechos, no deroga beneficios ni deja sin protección a las personas alcanzadas por las leyes nacionales vigentes».
Piñeiro explicó que la resolución regula los flujos financieros entre las prestatarias y el Estado, en el marco de una reestructuración del área de transporte. «La resolución únicamente introduce modificaciones administrativas relacionadas con el sistema de compensaciones económicas entre el Estado y las empresas prestatarias, en el marco de un proceso de modernización y reorganización del sistema de transporte. Pretender transformar una medida administrativa en una supuesta quita de derechos constituye una grave irresponsabilidad institucional», sostuvo.
Finalmente, el delegado recordó que la delegación regional continuará con sus esquemas de fiscalización en terminales y puntos de control. «Como órgano de contralor, tenemos el deber de garantizar el efectivo cumplimiento del cupo de pasajes para personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera de órganos, y pacientes oncopediátricos, velando por el respeto irrestricto de los derechos consagrados por la legislación vigente», concluyó.