El organismo provincial expresó su preocupación por las condiciones financieras del programa y advirtió sobre el costo real del financiamiento.
La Defensoría del Pueblo de Formosa manifestó su preocupación por el programa de consolidación de deudas lanzado recientemente por el Banco Nación. Según indicó el organismo, las condiciones financieras ofrecidas podrían agravar la situación de miles de usuarios endeudados.
El defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, sostuvo que la entidad bancaria promociona estos préstamos con una tasa nominal anual (TNA) del 65%, aunque el costo financiero total efectivo anual (CFT TEA) asciende al 114,21%. Gialluca señaló que esta diferencia no siempre es comprendida por quienes buscan refinanciar sus obligaciones.
Desde el organismo provincial indicaron que la iniciativa surge en un contexto de creciente endeudamiento de las familias argentinas, afectadas por la pérdida del poder adquisitivo, la inflación y las dificultades para afrontar compromisos financieros. En ese escenario, el Banco Nación presentó alternativas para consolidar deudas y reorganizar pagos, con el objetivo de reducir los niveles de morosidad.
Gialluca advirtió que la propuesta requiere un análisis detallado antes de ser aceptada. Según explicó, el costo real del financiamiento incluye no solo intereses, sino también impuestos, seguros, gastos administrativos y otras comisiones que elevan el monto final a pagar. «Muchos usuarios observan la tasa promocionada del 65%, pero terminan asumiendo un costo anual superior al 114%, lo que representa una carga financiera muy significativa», remarcaron desde la Defensoría.
Otro de los puntos cuestionados por el organismo tiene que ver con la naturaleza jurídica de la operación. Según explicaron, la consolidación implica una novación de deuda, es decir, la extinción de la obligación original y la creación de una nueva. En la práctica, sostienen que esto podría significar que el cliente deje de cuestionar cargos, intereses o conceptos incorporados previamente a la deuda original, aceptando un nuevo compromiso financiero que incluye todos esos montos acumulados.
Por ello, la Defensoría recomendó a quienes evalúen adherirse al programa que busquen asesoramiento previo, revisen detalladamente las condiciones contractuales e incluso analicen la posibilidad de impugnar cargos que consideren indebidos antes de firmar cualquier acuerdo.
El organismo también cuestionó los criterios de acceso establecidos por la entidad bancaria. Según indicaron, el programa está dirigido principalmente a clientes que perciben sus haberes a través del Banco Nación y deja afuera a numerosos sectores que atraviesan situaciones económicas más complejas. Entre las exclusiones mencionadas figuran personas con antecedentes de incumplimiento financiero más severos, usuarios con deudas judicializadas, garantes, codeudores y quienes registran determinadas categorías de riesgo en la Central de Deudores del Banco Central. Para la Defensoría, estas limitaciones reducen el alcance de una herramienta que, en teoría, debería estar orientada a asistir a quienes presentan mayores dificultades para afrontar sus compromisos financieros.
Finalmente, Gialluca insistió en la necesidad de que los usuarios financieros actúen con cautela antes de aceptar cualquier propuesta de refinanciación o consolidación. En ese sentido, afirmó que resulta fundamental comprender el costo total del préstamo, los plazos de pago y las implicancias legales que conlleva la firma de una nueva obligación. «La consolidación puede representar un alivio momentáneo para algunas familias, pero es indispensable evaluar todas las condiciones para evitar que una solución de corto plazo se transforme en un problema financiero más difícil de afrontar en el futuro», concluyeron desde la Defensoría del Pueblo.