domingo, 10 mayo, 2026
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Procesan y suspenden al rector Parmetler: la UNaF en una situación de incertidumbre judicial

El Juzgado Federal N.º 1 de Formosa procesó y suspendió al rector Augusto César Parmetler por presuntos delitos de abuso de autoridad, malversación de fondos y nombramientos ilegales en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF).

La decisión del Juzgado Federal N.º 1 de Formosa de procesar y suspender al rector Augusto César Parmetler representa un hecho significativo en el ámbito universitario local. Según la investigación, el fallo no se limita a responsabilidades individuales, sino que plantea interrogantes sobre el uso de recursos públicos y los límites de la autonomía universitaria.

Parmetler fue procesado por presuntos delitos de abuso de autoridad, malversación de fondos y nombramientos ilegales. El expediente describe un esquema de designaciones directas que habría beneficiado a personas cercanas, entre ellas su cónyuge, incorporada a la planta permanente sin concurso previo. La ausencia prolongada de concursos de oposición habría permitido que la discrecionalidad reemplazara al mérito en el acceso a cargos públicos.

La investigación también señala una “confusión” entre autonomía universitaria y autarquía familiar, sugiriendo que la independencia institucional habría sido reinterpretada como un margen de acción sin controles efectivos. La autonomía universitaria, consagrada constitucionalmente, no implica inmunidad frente a la ley.

El fallo introduce el concepto de “estado de sospecha”, respaldado por informes de la AFIP y documentación de Recursos Humanos. Además, la causa alcanza a Zulma Mabel Rivero, quien enfrenta cargos por aceptación ilegal de cargo público, ampliando el foco de la investigación a una red de decisiones compartidas.

La suspensión del rector coloca a la UNaF en una situación de incertidumbre política y administrativa. El Consejo Superior deberá intervenir para garantizar la continuidad del gobierno universitario. Cabe recordar que un procesamiento no equivale a una condena firme, y el principio de inocencia sigue vigente. El caso invita a reflexionar sobre los mecanismos de control y transparencia en las instituciones educativas.

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