Los mismos deberían utilizarse para el mantenimiento y la reparación de rutas nacionales, aclararon.
El defensor del Pueblo de la provincia de Formosa, el doctor José Leonardo Gialluca, y el gerente de la Asociación Argentina de Transportadores de Hacienda (AATHA) y protesorero de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), Mario Ramello, advirtieron que la situación actual de la red vial se ha vuelto “verdaderamente crítica”, calificándola como una “emergencia nacional” que se traduce en un aumento de siniestros viales.
Señalaron que “si bien el Gobierno nacional ha realizado anuncios sobre la Nueva Red Federal de Concesiones (RFC) y la licitación de 9100 kilómetros de corredores viales, estos procesos demandan acciones que insumen plazos prolongados y trámites administrativos que la gran mayoría de las rutas no está en condiciones de esperar”.
Además, indicaron que “este esquema implica una privatización total y sin subsidios, donde las empresas concesionarias se encargarán del mantenimiento de rutas a cambio de la instalación de peajes y la posibilidad de sumar negocios secundarios como locales comerciales”.
Por ello, solicitaron al jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y al secretario coordinador de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, que “se agilicen las medidas paliativas urgentes, ante quejas diarias de rutas llenas de cráteres, sin señalización, con banquinas deterioradas y puentes al borde del colapso, una red vial obsoleta frente al movimiento del transporte de cargas”.
Desde FADEEAC, por su parte, plantearon que los trabajos de reparación de rutas y caminos podrían afrontarse con parte de lo recaudado en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), siendo el sector del transporte el principal aportante del ICL, al ser el primer consumidor de gasoil en Argentina.
En ese sentido, apuntaron que “el consumo de combustible durante el 2025 del sector rondó los 6000 millones de litros anuales, lo que representa el 45% de los 14.000 millones de litros totales por año, según la normativa, este impuesto debería ser destinado al Fideicomiso del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), creado para financiar obras viales”.
En este contexto, el ombudsman provincial afirmó que “se reiteró al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, que informe y aclare sobre el uso de los fondos de impuestos a los combustibles, toda vez que el secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, ha sido denunciado por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) por incumplimiento de deberes de funcionario público y de las funciones administrativas a su cargo (artículos 248 y 249 del CP), al no transferir a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) los fondos recaudados conforme lo establece el Decreto 976/01 que modificó la Ley 23.966”.
A su vez, remarcó que la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) denunció al administrador general del organismo, Marcelo Jorge Campoy, “por los delitos de malversación de fondos públicos y desviar recursos destinados al mantenimiento de la red vial nacional, con el agravante de la subejecución de obras, siendo que en el primer bimestre del 2025 se recaudaron $600.000 millones, debiéndole ingresar a Vialidad Nacional $86.000 millones y solo le ingresaron $18.000 millones, frente a datos documentados”.
Y alertó que “el 60% de las rutas nacionales se encuentran en estado crítico, el 23% en condiciones malas y el 22,1% en situación regular, según evaluaciones del Sistema SIG VIAL, detallándose que cada peso no invertido en mantenimiento, obliga a gastar entre tres y cinco veces más en obras de rehabilitación futuras”.