La Justicia Federal de Formosa dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Augusto César Parmetler y Zully Mabel Rivero, y ordenó su suspensión por 90 días, en el marco de una investigación por nombramientos ilegales en la Universidad Nacional de Formosa.
En un fallo emitido el 5 de mayo de 2026, el Juzgado Federal N° 1 de Formosa dispuso el procesamiento del rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Augusto César Parmetler, y de su esposa, la profesora Zully Mabel Rivero, por su presunta participación en designaciones ilegales dentro de la casa de estudios. La medida incluye la suspensión temporal de ambos en sus cargos por un período de 90 días, con el objetivo de evitar posibles interferencias en la investigación.
Según consta en el expediente judicial, el hecho investigado se remonta al 28 de julio de 2020, cuando Parmetler, en su carácter de máxima autoridad universitaria, firmó la Resolución N° 613/2020 mediante la cual designó a Rivero en la planta permanente. La designación correspondía a la Categoría 01 del Agrupamiento Superior Administrativo, el escalafón más alto del personal no docente, y fue realizada sin que mediara el concurso público exigido por el Decreto PEN N° 366/06.
La fiscalía sostiene que el acto administrativo se concretó sin cumplir con los requisitos de idoneidad, transparencia e igualdad que establece la normativa para el ingreso a la administración pública universitaria. Durante la investigación, el Secretario de Gestión Institucional de la UNaF, Oscar Ramón Drelichman, declaró que nunca se llamó a concurso para el ingreso de personal no docente en la universidad, y que todas las designaciones se realizaron mediante resoluciones directas. Asimismo, un informe de la Dirección de Recursos Humanos confirmó que, desde la creación de la UNaF, la totalidad de los agentes no docentes ingresaron por designación directa del rector.
La Justicia consideró que estas prácticas constituyen una elusión sistemática de las leyes nacionales. Por ello, procesó a Parmetler por el delito de proposición y nombramiento ilegal de cargo público, en concurso ideal con abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. A Rivero se la procesa por aceptación ilegal de cargo público, ya que la ley penaliza tanto a quien nombra como a quien acepta un puesto sin cumplir los requisitos legales.
El juez ordenó la suspensión temporal de ambos por 90 días, argumentando que, debido a su posición de poder, existe un riesgo concreto de que puedan entorpecer la investigación, ya sea influyendo sobre testigos o alterando documentación relevante. La medida tiene carácter cautelar y no implica una sanción definitiva ni un adelanto de pena, pero deja a la UNaF en una situación de acefalía temporal en su conducción.
La resolución subraya que el bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la Administración Pública, el cual se ve afectado cuando sus integrantes dictan resoluciones contrarias al orden jurídico vigente para favorecer intereses personales o familiares.