La Justicia imputó al exnovio de una adolescente y a tres de sus amigos por la viralización de un video íntimo que la menor había enviado cuando tenía 13 años.
La Justicia imputó al ex novio de una adolescente y a tres de sus amigos de Mar del Plata por difundir un video íntimo de la menor. La investigación comenzó luego de que un familiar de la joven denunciara la viralización del material, que la adolescente había enviado cuando tenía 13 años.
La difusión del registro -enviado en 2024 al acusado- dio inicio a un procedimiento, a cargo de la fiscal de la UFI Joven N°1, Mariana Baqueiro, por “producción, distribución y comercialización de representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales”. La presentación se hizo el 26 de abril a partir de que la familia tomó conocimiento de la circulación del video, distribuido por el chico de 15 años, de acuerdo a lo indicado por 0223.
El gabinete de Menores de la DDI realizó tareas de rastreo digital que permitieron identificar el recorrido del video y determinar la participación de otros tres adolescentes, amigos del ex novio, en la cadena de viralización. Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó cinco allanamientos en diferentes barrios de la ciudad, donde el personal policial procedió al secuestro de tres computadoras y cuatro celulares. Todo el material fue puesto a disposición de la fiscalía para su análisis pericial.
La investigación permitió identificar a los cuatro menores involucrados, quienes fueron notificados de la causa penal en su contra. Las autoridades dispusieron que los adolescentes comparezcan este viernes ante el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, acompañados por sus progenitores, para responder por la acusación. La causa apunta a determinar el grado de responsabilidad de cada uno, el recorrido del archivo y si fue comercializado o compartido en plataformas de mayor escala, según informó el portal La Capital de Mar del Plata.
Las actuaciones judiciales avanzan bajo estricta reserva para proteger la identidad de la víctima y garantizar la confidencialidad del proceso, en cumplimiento de lo que establece la normativa sobre delitos contra la integridad sexual de menores.